Las mujeres que se dedican a la política viven situaciones de acoso sexual y de violencia machista. En un ámbito históricamente ocupado por varones, resulta urgente erradicar las manifestaciones sexistas y modificar los patrones que reproducen el discurso patriarcal.
Por Juliana Restrepo Sanin
Noviembre 2017 Hace pocos días, un reporte del periódico estadounidense The New York Times reveló diversos casos de acoso sexual perpetrados por el productor de Hollywood Harvey Weinstein. Más de cincuenta actrices han reportado haber sido acosadas sexualmente por el productor. A raíz de este escándalo, la actriz Alyssa Milano, emulando una campaña realizada por la activista Afroamericana Tarana Burke, invitó a las mujeres del mundo a escribir en sus Twitter y Facebook #MeToo (Yo También) si habían sido víctimas de acoso sexual. En menos de 24 horas, más de medio millón de mujeres habían usado el hashtag en Twitter.
Esta campaña no sólo reveló la prevalencia del acoso sexual en la industria del cine. Al tiempo que millones de mujeres de todo el mundo unían sus voces declarando que ellas también habían sido víctimas de acoso sexual, mujeres políticas en los Estados Unidos revelaron el acoso sexual que viven diariamente en el Congreso e iniciaron la campaña #MeTooCongress para hablar de sus experiencias. A estos casos se sumaron declaraciones públicas de más de 300 mujeres políticas en los estados de California y Washington. Casos similares se dieron en Francia y el Reino Unido donde más de 36 parlamentarios conservadores han sido acusados.
Estos casos no son exclusivos de los Estados Unidos, Francia o Reino Unido. Las mujeres políticas en América Latina también han reportado ser víctimas de acoso sexual en su trabajo. En Colombia, por ejemplo, la abogada Astrid Helena Cristancho renunció a su cargo como secretaria privada del Defensor del Pueblo por el acoso sexual al que fue sometida por el funcionario. Cristancho reveló que el acoso empezó como situaciones relacionadas con su trabajo pero que no eran apropiadas: reuniones laborales por fuera del horario, invitaciones a cenar, entrega de informes en su lugar de residencia. Estas acciones, sin embargo, incrementaron a medida que pasaba el tiempo y dieron paso a proposiciones y llamadas a altas horas de la noche, mensajes y fotografías obscenas por WhatsApp.
En Chile, el expresidente y actual candidato presidencial Sebastián Piñera causó molestia entre las feministas de su país, incluida la presidenta Michelle Bachelet, al sugerir un juego entre sus simpatizantes en el que «Las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y los hombres nos hacemos los vivos». Estos comentarios son similares a los realizados por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa hablando sobre los beneficios de la igualdad de género. Correa dijo que no sabía si la igualdad de género mejoraba la democracia pero que estaba seguro que mejoraba las fiestas porque «…qué asambleístas guapísimas que tenemos… hay que aumentarles el sueldo porque no tuvieron plata para comprar suficiente tela y todas con una minifalda. Dios mío…me contaron que tienen unas piernas impresionantes».
Estos comentarios y acciones aparentemente inocentes, son manifestaciones de acoso sexual. Según la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos, el acoso sexual se manifiesta como proposiciones de carácter sexual, solicitud de favores sexuales, y presiones verbales o físicas de carácter sexual. Este también incluye comentarios ofensivos sobre el género de una persona. El acoso sexual crea un ambiente hostil y ofensivo para quien lo sufre y tiene impacto en el desempeño y en el avance profesional de la víctima.
Los ejemplos citados anteriormente muestran que el acoso sexual en la política es una práctica común. En un informe reciente, publicado por la Unión Interparlamentaria, 21% de las mujeres encuestadas afirmaron haber sido víctimas de acoso sexual y 7,3% aseguraron que durante su actividad política alguien había intentado tener relaciones sexuales con ellas por la fuerza. Un reporte de Colombia muestra que 16,15% mujeres encuestadas recibieron comentarios subidos de tono y 5,38% han sido víctimas de acoso sexual.
Al igual que otras formas de violencia contra las mujeres, el acoso sexual no siempre es reportado. Con mucha frecuencia el acosador está en una posición de poder, lo que le da oportunidad para influenciar las investigaciones o manipular a la víctima con intimidación. En otros casos las mujeres que reportan son re-victimizadas al ser forzadas a repetir su historia innumerables veces para ser tomadas en serio. Las cifras de acoso son indudablemente mayores.
Muchas de las conductas asociadas al acoso sexual, como los comentarios sexistas arriba mencionados o piropos subidos de tono, son considerados «normales», o «parte de la cultura» y se asume que las mujeres simplemente deben aceptarlos. En otros casos, los perpetradores y testigos de estas acciones, suponen que la mujer debe «estar agradecida» por recibir este tipo de atenciones. Por ejemplo, en respuesta a las críticas que recibió Piñera, el respondió que los comentarios «eran un chiste» y que había cosas más importantes de que preocuparse.
Este tipo de actitudes que desestiman las quejas de acoso, ignoran y minimizan el impacto que tienen sobre las víctimas. Sin embargo, la investigación en esta área ha encontrado que, lejos de ser comentarios inocentes, el acoso sexual es una forma de dominación que, a través de palabras, gestos, y conductas sexuales, busca humillar y victimizar a las mujeres, reforzando su condición subordinada. Como tal, tiene efectos en la salud mental de quienes lo padecen y perpetúa la desigualdad de género.
En el ámbito político, el acoso sexual busca no solo humillar e incomodar a la víctima, sino que pretende socavar su autoridad, volver el ambiente de trabajo incómodo, y reforzar la idea de que la política es un ámbito exclusivo de los hombres del que las mujeres no deberían hacer parte. Estas conductas hacen parte un patrón más general de violencia que se conoce como violencia contra las mujeres en política. Esta forma de violencia tiene el propósito de forzar a las mujeres políticas a abandonar sus cargos o a actuar contra su voluntad y atenta contra prácticas y principios democráticos.
Dada la prevalencia del acoso sexual en la política y los recientes escándalos tanto en América Latina como en el resto del mundo, instituciones estatales y de la sociedad civil han desarrollado diversas estrategias para hacer este fenómeno visible y combatirlo.
En los Estados Unidos, el Instituto Nacional Demócrata lanzó en 2016 la campaña global #NotTheCost o «No es el costo» para visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres en política. Esta campaña resalta que la dignidad y la vida de las mujeres no deberían estar en juego cuando ellas deciden lanzarse a la política. En Francia las mujeres parlamentarias hicieron una protesta pública y escribieron una petición denunciando el trato degradante y sexualizado al que son sometidas por parte de colegas hombres. Esta campaña forzó la renuncia de un parlamentario que había sido el perpetrador de muchos de estos casos. Estas campañas deben ser acompañadas de investigaciones concretas que muestren el alcance de este problema y permitan diseñar estrategias efectivas para erradicar esta práctica y sancionar a los perpetradores y a quienes los encubren o facilitan el acoso.
Otras estrategias se han enfocado en mejorar los espacios políticos como lugares de trabajo. La Unión Interparlamentaria diseñó en 2011 una guía para hacer parlamentos sensibles al género que incluye recomendaciones como la creación de códigos de conducta para sancionar el acoso sexual al interior de los cuerpos legislativos, así como la capacitación de los parlamentarios en cuestiones de género. Estas recomendaciones pueden ser adoptadas no sólo en el ámbito nacional sino en todos los espacios políticos.
Otra estrategia usada es la creación de leyes que sancionan el acoso sexual. En América Latina, muchas de estas prácticas han sido incluidas en las leyes generales de violencia contra las mujeres o en leyes que regulan las conductas en el lugar de trabajo. En Costa Rica, varias mujeres asambleístas propusieron una reforma a la ley 16566 sobre Acoso Sexual en el Trabajo y la Educación buscando extender esta ley a los espacios políticos. En este sentido, es importante destacar que muchas veces los perpetradores de acoso sexual en la política abusan de la inmunidad parlamentaria para evitar ser sancionados. Sin embargo, la inmunidad parlamentaria fue creada para proteger el libre debate de ideas y no prácticas criminales como el abuso sexual y, por lo tanto, no debería ser usada para proteger a predadores sexuales. Otra posibilidad es la creación de leyes específicas que sancionen el acoso sexual en la política, como ocurre en Bolivia con la Ley 243 que reconoce el acoso sexual como una forma de violencia política.
Sin embargo, ninguna de estas estrategias funcionará si las víctimas tienen miedo de ser acusadas de mentir o de usar estas acusaciones con fines políticos, o ser re-victimizadas por los actores y las instituciones estatales. En este sentido, es fundamental diseñar estrategias que pongan a las víctimas primero y que las protejan de represalias y sanciones políticas y sociales.
Para esto es preciso promover campañas que cambien las percepciones existentes sobre el acoso sexual. Estas deben promover sanciones sociales contra los perpetradores de acoso. En Bolivia, por ejemplo, diversas organizaciones de mujeres crearon la campaña Machista Fuera de la Lista que denunciaba públicamente a candidatos condenados por violencia de género y forzó la renuncia de dos candidatos. Campañas similares pueden ser desarrolladas para presionar a partidos políticos a denunciar y cortar lazos con acosadores. Este tipo de campañas, así como los códigos de conducta y leyes, deben enfatizar que el acoso sexual contra las mujeres políticas es una forma de violencia y afecta el desempeño de las mujeres, lo que a su vez tiene consecuencias más amplias para sus electores y para la democracia.
Otra manera de combatir el acoso sexual en la política es no premiando a los perpetradores. Como afirma la periodista Jessica Valenti, el hecho de que tantos hombres exitosos sean descubiertos como acosadores sexuales en serie, no es un accidente, sino que es una consecuencia de las características que son vistas como deseables en los hombres políticos: agresividad y dominancia. En muchos casos, la conducta de los acosadores es un secreto a voces que es ignorado por el poder que tiene el acosador. En lugar de premiar la agresión y la dominancia, se deberían premiar conductas que promuevan el civismo, la inclusión, el diálogo abierto, y el intercambio de ideas, valores fundamentales para la democracia.
Para acabar con el acoso sexual es necesario reconocer que es una manifestación de la violencia contra las mujeres que también se vive en la política. Como tal, no sólo tiene repercusiones importantes en la víctima, quienes ven afectada su salud mental, sino que tiene consecuencias para la democracia. Cuando una mujer es víctima de acoso sexual, no puede desempeñar su labor de manera eficaz, lo que afecta su trabajo como representante de los intereses de sus votantes. Muchas víctimas terminan renunciando o actúan en contra de su voluntad, haciendo que los procesos electorales sean subvertidos y anulados. El acoso sexual es una violación a los principios de igualdad y no discriminación, y perpetúa el estatus subordinado de las mujeres al reforzar estereotipos de género y relaciones desiguales de poder. Combatir y sancionar el acoso sexual contra las mujeres no solo hará que la política sea más incluyente, sino que fortalece la democracia.